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"Trabajar en forma INTEGRADA, HACIENDO QUE LAS COSAS PASEN"
Este año ¿lo lograremos?
Mario López Oliva

viernes, 11 de abril de 2008

Paraná, Entre Ríos Argentina, La última apuesta

La última apuesta
La ciudad puede perder un espacio verde, con edificación histórica. Un grupo cordobés quiere construir un shopping y esa posibilidad es alentada, increíblemente, por miembros del Jockey Club. ¿Una nueva derrota para el patrimonio paranaense?
Paraná | 10.4.2008

Por estos días se cuece el destino del predio del, hasta ahora, Hipódromo de Paraná. En el ámbito de la Justicia se está por decidir si se le da luz verde a la venta, y en qué términos. Porque en caso de venderse, la comisión directiva de la entidad de los caballos podría dar lugar a la ejecución de un plan de construcción sobre buena parte del predio de 22 hectáreas. Calles y shopping están en la mente de los que sueñan con el jugoso negocio. Ni el Foro Ecologista de Paraná ni los vecinos de barrios circundantes pudieron tener un lugar en la causa en la que se fija el destino del tradicional y valioso espacio urbano. Ambientalistas y dirigentes del Jockey se mostraron conformes con sendos diálogos que mantuvieron con funcionarios de la Municipalidad, a pesar de que se trata de proyectos antagónicos. Los primeros quieren garantizar el valor arquitectónico de las instalaciones y el pulmón verde en medio de la densa urbanidad de cemento. Los otros parecen más interesados en un negocio inmobiliario que en preservar el lugar. Llamativamente no acudieron a la ley de salvataje de clubes y propician la venta. En ese marco, un grupo privado de origen cordobés se frota las manos porque podría acceder a los terrenos de un valor de más de 40 millones de pesos, pagando menos del 20 por ciento de su precio. Abogados, contadores, supuestos representantes de los trabajadores y directivos de la entidad sueñan con una venta millonaria. La ciudad toda, “bien gracias”.

Por J. R. (*)

Paraná y sus tropiezos. Un largo rosario como muestras y cada cuenta es una pérdida: los espacios verdes del prometido nuevo parque y el bocado del poderoso Wal Mart; el Tiro Federal, por no contar las innumerables cantidades de construcciones históricas tiradas por la piqueta para erigir edificios que, como monumentos posmodernos, representan intereses sectoriales y mínimos que se erigen sobre las ruinas de los bienes colectivos. Recuérdese el armatoste de cemento para el Citibank, edificado tras la destrucción de una construcción protegida por ordenanza.

Ahora, la discusión sobre el destino de la pista del Hipódromo Almafuerte es, quizás, el caso más representativo de esa realidad. Porque desde el seno mismo del Jockey Club se está fogoneando su venta y la puesta de locales comerciales sobre el extenso verde que hoy alberga mucho más que a carreras de caballos.

“La ciudad de Paraná parece desconocer toda la vida que tiene este espacio”, observó una jugadora de hockey sobre césped mientras, a algunos metros, un grupo de chicos practicaba equitación. Había también un “picado” de fútbol sin que ninguna actividad estorbe a la otra.

Lejos de esa escena, las mentes dispuestas a vender el predio se pasean en los medios de comunicación hablando de las bondades del proyecto de “urbanización”. No es otra cosa que abrir calles y construir locales comerciales.

Se habla sí de dejar espacios verdes y de preservar las instalaciones históricas, levantadas a la sombra de un tiempo rico en estilos y costumbres. Pero es que las ordenanzas de protección no dejan otra posibilidad a los que van detrás del negocio. También es cierto que hubo un frustrado intento por buscar derogar los obstáculos para entregar esos espacios al negocio inmobiliario en su totalidad.

Esa iniciativa sólo será posible a través de la concreción de una operación inmobiliaria con un grupo cordobés, según trascendió en julio último, que adquiría el terreno para la instalación de un shopping y salas de cine, y que le permitiría saldar a la entidad un pasivo calculado en unos 6 millones de pesos.

Ya a mediados del año pasado, ANALISIS revelaba que el negocio alrededor de la venta del predio del Jockey Club de Paraná tiene demasiados puntos oscuros y que uno de los más firmes interesado era el empresario cordobés Emilio Luti Alvarez, al que no se le conocen inversiones ni empresas –salvo una pequeña firma de turismo en Unquillo– y cuyo nombre ya apareciera en Paraná en 1996, detrás del proyecto para instalar la Legislatura entrerriana en el predio de la vieja usina de calle Corrientes. Que de un proyecto similar –el traslado del Poder Judicial– hoy se vuelva a hablar es una casualidad. ¿Es una casualidad?

Lo cierto es que por aquellos días también pujaba por quedarse con el negocio Gianfranco Macri, hermano del jefe de gobierno porteño, a su vez dueño de la empresa Macair Transporte Aéreo, que en el último tramo de la gestión de Jorge Busti se interesó en la firma estatal.

Hoy la situación está decididamente a favor del grupo cordobés que es el que cuenta con el respaldo de la comisión directiva del Jockey.

Un dato esencial para entender el negocio: la entidad deportiva tiene una deuda de 6,5 millones de pesos entre juicios laborales –que representa una parte mínima de esa deuda– y reclamos impositivos. Sin embargo, el predio vale arriba de 40 millones de pesos, según algunas tasaciones independientes.

La compra sería una cuestión cerrada, si se toma en cuenta que la Ley de Quiebra tiene como objetivo único que los acreedores cobren el dinero que se les debe. No es necesario ninguna licitación, ni proyectos sobre destino de nada, ni compromisos con el patrimonio, ni declaraciones de buena voluntad con el medio ambiente.

“Hasta el mismo juez no podría oponerse si llegara una propuesta de ese tipo; es decir que se haga cargo de los 6 millones y medio de pesos que se deben. Y acá al primer que llega a la meta le bajan la bandera y se queda con el predio”, había explicado este semanario el año pasado.

Se debe 6,5 millones, con 6,5 millones se lo lleva. Pero habría un acuerdo entre el grupo cordobés y los directivos del Jockey Club para que el dinero alcance para trasladar la instalación a Oro Verde. Eso a cambio de la rentable tarea de limpiar, talar, edificar vender que es la intención del grupo cordobés.

Entre los voceros de la iniciativa que tiene su reveso de negocio para el grupo mediterráneo, se cuentan los directivos de la entidad: José Carlos Hernández, presidente; Enrique Berduc, vocal primero; y Danilo Aguiar, secretario. También el abogado especialista en quiebras que representa a este sector, Carlos Moro. Se trata del mismo profesional que movió cielo y tierra –como vecino del Parque Urquiza– para que Julio Solanas, en su primera Intendencia, edifique un albergue deportivo en las viejas instalaciones de Obras Sanitarias Municipal. Por esos días, Moro movilizó a la pudiente vecindad del Parque Urquiza para defender los espacios públicos y evitar la construcción de edificios en torre en la zona.

“Edificio en torres, ¿para qué?”, decía el doctor Moro, que hoy propicia lleva el discurso de quienes quieren un shopping en el histórico predio del Jockey.

El Foro Ecologista de Paraná intentó decir lo suyo en la sede del Poder Judicial, donde se resuelve la cuestión vinculada a la quiebra, pero el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, fundamentó que no fueron partes presentadas desde un inicio, de modo que hoy la actividad de los ambientalistas se liga a crear conciencia para reclamar ese espacio de 22 hectárea para la ciudad.

Uso público

El subsecretario de Planificación de la Municipalidad, arquitecto Eduardo Loréfice, tuvo una alusión que llevó tranquilidad a los ambientalistas. “Es prioridad del municipio fundamentalmente generar una revalorización de los espacios verdes. Hoy por hoy el hipódromo no es utilizado como tal pero sí cuenta con una situación posibilitante en este sentido, con posibilidad de un parque o una área de espacio verde que podría ser utilizado por los vecinos”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, en un encuentro que vecinos de los barrios circundantes al Hipódromo mantuvieron con el secretario de Planificación de la Municipalidad, Tomás Arias, quedaron desconformes con lo escuchado como voz oficial.

“Es que el funcionario Arias consideraba la venta como un hecho, y nosotros nos preguntamos por qué la Municipalidad tiene que resignarse a esa situación”, dijo María Inés Ramírez, integrante del Foro Ecologista, a ANALISIS.

Desde la entidad de vecinos ambientalistas sostienen que es poderosamente llamativo que las mismas autoridades del Jockey Club no acudan a la protección que da la ley a las entidades deportivas, que no pueden ser rematadas, tal como lo ha aprobado la Legislatura entrerriana y aceptado y aplicado ya por la Justicia provincial.

Por su parte, Daniel Verzeñassi, que también integra el colectivo ambiental paranaense denuncia que la venta decidida forma parte de un negocio pensado hace ya un tiempo. Tanto, que cuando se construyeron los locales comerciales, hace ya más de 15 años, sobre el lateral de avenida Almafuerte, se dejaron lugares sin vender para la posterior apertura de calles que atravesarían el verde de las 22 hectáreas.

Verzeñassi considera que es en ese marco en que el ex subsecretario de Planeamiento municipal, Gastón Grand, había pensado cambiar de mano de circulación a la calle 25 de Mayo. Con el pretexto de agilizar la circulación vehicular, se ponía a los autos en dirección al complejo comercial que piensan construir en el Hipódromo Almafuerte. Algo similar, según denuncia, al estigma varisquista de Wal Mart: cambiar de mano Laprida para desembocar con facilidad en el playón de la multinacional.

Lo otra parte que toma lugar en el complejo problema del Hipódromo son los trabajadores de la entidad. Esa fracción habla por boca de Elio Demartini, aunque muchos de los empleados lo desconozcan, y su discurso apunta a cerrar el negocio con el grupo cordobés.

Frente al estado de situación dado, los vecinos que propician el resguardo de las 22 hectáreas de verde y construcción histórica centran sus expectativas o esperanza en un pronunciamiento del juez Roberto Parajón, que asumió en el Juzgado Civil y Comercial 8, que tiene por finalidad ejecutar la quiebra. Sin embargo, desde el lugar de síndico que ocupa el contador José Furlán se considera que no hay muchas salidas al asunto y que el juez tiene que vender para garantizar el pago de las deudas.

Cuando Julio Solanas, como intendente aún de Paraná, se refirió al asunto fue para decir que tenía “poca información” y que era un asunto que se resolvía “entre privados”. De hecho la condición de asunto privado fue destacada como argumento entre los directivos del Jockey Club Paraná.

Lo que se desconoce es, nada más ni nada menos, el carácter que han tenido desde finales del siglo 19 y principios del 20 en Argentina los clubes. No es lo mismo una entidad deportiva que un supermercado. No es lo mismo salvo que estemos en la década menemista y se le otorgue más crédito al supermercado.

El intendente José Carlos Halle quedó de cara a un desafío por el que han tenido que pasar todos sus antecesores inmediatos. El radical Sergio Varisco, cuando decidió entregar un bocado del proyectado parque a Wal Mart; Julio Solanas cuando vetó la ordenanza de protección de ese mismo predio destinado a parque. Lo que haga Halle podría ser la compra de su estigma: o luz verde al negocio, o verde para la ciudad.

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Histórico

El codiciado sector que se ubica entre las calles Almafuerte, Maciá y Artigas se encuentra parcialmente declarado de interés público por la Ordenanza Nº 8.232 sancionada a fines de 2000. Se ha buscado proteger a ese espacio de historia, donde funciona el hipódromo desde 1922 y que supo del paso del legendario Irineo Leguizamo.

En la norma se declara de Interés Histórico y Arquitectónico al edificio y palco oficial, tribuna popular, boleterías, caballerizas y portones de rejas de ingreso sobre calle Salvador Maciá. Esto determina que cualquier proyecto que afectara al inmueble debería autorizarse mediante ordenanza municipal, previo dictamen de asesoramiento de las comisiones de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano y Asesora del Código Urbano municipal.

No obstante, hay una sólida versión que da cuenta de que uno de los proyectos busca la vuelta para interpretar que la normativa nada dice del espacio interno de la pista de carrera. Algo así como una trampilla para que el negocio no se vea interferido por cuestiones menores como es el hecho de que los paranaenses quieran conservar un espacio que les pertenece por historia.

(*) De Cronista Digital, especial para el Semanario Análisis
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